La Justicia acusó a directivos de la AFA por retener aportes; hay embargos por $350 millones y restricción para salir del país. -/- Por PGDJ.
El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó al
presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por
la presunta retención indebida de aportes y tributos, en una causa que
investiga irregularidades entre 2024 y 2025.
Acusación por millonaria deuda fiscal
Según la resolución judicial, los directivos habrían
omitido el pago en término de impuestos y contribuciones por más de $19.000
millones, generando una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.
El fallo sostiene que ambos tenían capacidad de decisión y
control sobre las finanzas, lo que los ubica en una posición clave dentro de la
maniobra investigada.
Embargos y restricciones judiciales
El magistrado dispuso embargos por $350 millones sobre los
bienes de la AFA, así como sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino.
Además, los imputados fueron procesados sin prisión
preventiva, pero deberán cumplir una serie de restricciones: no podrán
ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial y
mantienen la prohibición de salida del país.
Otros dirigentes involucrados
La causa también alcanza a otros miembros y exdirectivos de
la AFA, entre ellos Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo,
acusados por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad
social.
En estos casos, se fijaron embargos diferenciados y se
levantó la restricción para viajar al exterior.
El rol de la conducción de la AFA
El juez consideró que Tapia ocupaba un rol central en la
toma de decisiones, con responsabilidad directa en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de la institución.
En tanto, Toviggino, como tesorero, tenía control operativo
sobre las cuentas y movimientos financieros, incluyendo la firma de cheques y
transferencias.
Próximos pasos en la causa
Aunque parte de la deuda fue regularizada o está en proceso
de pago, la Justicia remarcó que el delito se configura por la falta de
cumplimiento en tiempo y forma.
La resolución puede ser apelada ante la Cámara Nacional en
lo Penal Económico. Si queda firme, el expediente avanzará hacia un eventual
juicio oral.
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