Política: Casa Rosada presiona a gobernadores por acuerdo fiscal para blindar el Congreso
06/07/2025 | 46 visitas
El Gobierno busca dilatar leyes provinciales en el Congreso y evitar vetos, ofreciendo concesiones y apuntando a un acuerdo postelectoral. -/- Por PGDJ.
El Gobierno argentino está inmerso en negociaciones para
alcanzar un nuevo pacto fiscal con los gobernadores, con el objetivo principal
de frenar el avance opositor en el Congreso. La Casa Rosada observa con
preocupación la falta de alianzas en la Cámara de Diputados para sostener
eventuales vetos presidenciales, situación que atribuye a las tensiones con las
provincias por el envío de fondos y el despliegue electoral de La Libertad
Avanza.
Fuentes oficiales confirmaron que, tras las celebraciones
del 9 de Julio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de
Interior, Lisandro Catalán, convocarán a un grupo selecto de mandatarios
provinciales que representen a las diversas facciones del interior. Esta
iniciativa busca acercar posiciones y establecer nuevos acuerdos que garanticen
la gobernabilidad.
El presidente Javier Milei, junto a miembros de su
Gabinete, viajará a Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia, donde
se reunirá con el gobernador Osvaldo Jaldo, un aliado que recientemente tuvo
roces con el oficialismo. "Lo único que nos importa es llegar a octubre
sin temblores", expresan desde el Ejecutivo, preocupados por cómo la
debilidad parlamentaria podría impactar en la expectativa financiera del
mercado, poniendo como ejemplo la posible reacción ante la caída de un veto.
El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones en el envío
de fondos a las provincias, a cambio de que los legisladores federales se
abstengan de promover proyectos en el Congreso que no hayan sido acordados
previamente. El objetivo es bloquear los avances opositores hasta después de
las elecciones, momento en el que se retomaría la agenda legislativa.
Entre los proyectos que preocupan al Ejecutivo se
encuentran el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad que debe
tratar el Senado, así como el posible rechazo al veto de la ley que crea un
fondo de $200.000 millones para los afectados por el temporal en Bahía Blanca.
También están en la mira las iniciativas provinciales para elevar la
coparticipación del impuesto a los combustibles y regularizar la distribución
de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La Casa Rosada ha dejado claro que vetará cualquier
iniciativa que altere las cuentas fiscales, incluyendo una baja de retenciones
a productos agrícolas, o aumentos presupuestarios para universidades y el
Hospital Garrahan. Por ello, busca negociar cambios en la distribución de
fondos e introducir en la discusión la reforma impositiva prevista para
diciembre.
Además, la mesa política de Balcarce 50 quiere impulsar un
proyecto que modifica las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal,
buscando incentivar el ingreso de dólares "del colchón" al sistema
formal. En Nación reconocen la necesidad de acordar un nuevo plan de
gobernabilidad con las provincias antes del período electoral.
La debilidad en los acuerdos con el sector dialoguista
también ha agudizado las tensiones internas en el oficialismo, entre los
armadores de La Libertad Avanza —cercanos a la secretaria general de la
Presidencia, Karina Milei— y el equipo del asesor Santiago Caputo. Mientras
unos acusan a los otros de trabajar la gobernabilidad por la expansión
partidaria, la otra facción defiende que es la única vía para lograr
"poder real en el interior". El presidente Milei busca contener esta
interna, aunque por el momento no ha intervenido directamente.
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