La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó un nuevo reclamo
salarial al Gobierno nacional y advirtió que podría avanzar con un paro de
colectivos si no obtiene respuestas. El planteo fue realizado mediante una
carta dirigida al Ministerio de Economía, en la que el sindicato pidió una
actualización de los ingresos de los trabajadores del sector.
La organización sindical sostuvo que los choferes necesitan
una recomposición de haberes desde mayo y cuestionó la falta de avances en las
negociaciones. Además, reclamó recibir un tratamiento similar al otorgado a
sectores económicos estratégicos como el agro, la minería y la industria
petrolera.
Reclamo salarial y tensión con el Gobierno
En el documento, la UTA manifestó su preocupación por la
demora en la resolución de los pedidos salariales y señaló que la situación
genera creciente malestar entre los trabajadores.
El gremio también vinculó la discusión salarial con el
debate sobre el financiamiento del transporte público y la distribución de
subsidios para las empresas que operan los servicios de colectivos,
especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La conducción sindical afirmó que la falta de respuestas
pone en riesgo la estabilidad del sector y advirtió sobre la posibilidad de
profundizar las medidas de protesta si el conflicto continúa sin avances.
Cambios en el sistema de subsidios
En paralelo, el Gobierno nacional oficializó una
modificación en el esquema de compensaciones tarifarias para las empresas de
transporte automotor mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
La nueva metodología incorpora indicadores vinculados al
desempeño operativo de las compañías, con el objetivo de asignar recursos en
función de la calidad y la regularidad del servicio prestado.
Entre los criterios evaluados figuran el cumplimiento de
frecuencias, los kilómetros recorridos por las unidades, la antigüedad de la
flota y los sistemas de cobro utilizados por las empresas.
Qué busca el nuevo modelo
Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el esquema
apunta a fortalecer los controles sobre las prestatarias y a garantizar que los
subsidios lleguen a quienes cumplan con los estándares establecidos.
Según indicaron, la iniciativa busca mejorar la
previsibilidad del servicio, optimizar el funcionamiento de las líneas de
colectivos y promover una utilización más eficiente de los recursos públicos
destinados al transporte.
Mientras continúan las negociaciones salariales, el
conflicto entre la UTA, las empresas y el Gobierno mantiene en alerta al
sistema de transporte público. La evolución de las conversaciones en los
próximos días será clave para determinar si se evita una medida de fuerza que
podría impactar en millones de pasajeros.
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