Organizaciones de derechos humanos en Venezuela alertaron sobre un aumento de detenciones arbitrarias ejecutadas por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, muchas de ellas sin notificación a familiares ni acceso a abogados. La opacidad en los procedimientos genera preocupación por violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la última semana, se reportaron casos como el de cuatro trabajadores audiovisuales detenidos mientras realizaban labores académicas cerca del penal de Tocorón, cuyos paraderos y condiciones son desconocidos. Estas situaciones reflejan un patrón de desapariciones forzadas de corta duración, según denunciaron ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y SurGentes.

El caso del periodista Joan Camargo agravó la tensión. Tras ser interceptado y obligado a subir a un vehículo, su familia presentó un habeas corpus tras 84 horas de desaparición, que aún no obtuvo respuesta oficial. Su detención se suma a la de 23 comunicadores privados de libertad según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Las detenciones suelen acompañarse de confiscación de equipos, allanamientos sin orden judicial y cargos imprecisos como terrorismo o asociación para delinquir. Estas prácticas evidencian un clima de hostigamiento sobre periodistas, opositores y ciudadanos comunes, elevando la cifra de presos políticos a 875 según Foro Penal.

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos exigen transparencia, acceso a la defensa y respeto a las garantías constitucionales, advirtiendo que la continuidad de estas prácticas deteriora la confianza en el sistema judicial y de seguridad del país.

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