Un fallo de la Cámara Federal de Corrientes frenó una decisión que había causado sorpresa en el ámbito judicial: la autorización para que el empresario Federico Cheme, acusado en una causa por narcotráfico, utilizara su propio celular, el mismo que fue clave en la investigación que lo llevó a prisión.

El permiso había sido otorgado por el juez federal Gustavo Fresneda, quien consideró que el imputado podía acceder al dispositivo bajo supervisión judicial para obtener información útil para su defensa. Sin embargo, la Fiscalía Federal, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Fiscalía General se opusieron de inmediato al entender que la medida ponía en riesgo la conservación de pruebas.

El fiscal Carlos Schaefer advirtió que permitir el acceso del acusado a su teléfono “constituiría un gravamen irreparable”, ya que podría modificar o eliminar evidencia sensible que aún podría ser requerida en nuevas pericias. Los camaristas Luis González y Selva Spessot coincidieron, señalando que la autorización era “contradictoria con las reglas básicas del procedimiento penal”.

Los jueces sostuvieron además que, aunque ya se realizó una pericia sobre el aparato, el celular sigue siendo una pieza de valor probatorio, susceptible de futuras verificaciones o ampliaciones periciales. Permitir su uso —indicaron— “podría comprometer la eficacia de la investigación o alterar la información ya colectada”.

Cheme, detenido en junio junto a otras tres personas en el barrio Laguna Seca, había pedido acceder al teléfono argumentando que contenía datos necesarios para ejercer su defensa en esta y en otra causa paralela en la justicia provincial. No obstante, el tribunal concluyó que su solicitud “no reviste estricta necesidad procesal”.

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