La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, ha suspendido o dado de baja más de 80.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Esta medida es resultado de una auditoría sobre el millón de beneficiarios existentes, donde el 60% no se presentó a la revisión médica obligatoria. De las irregularidades detectadas, 65.230 beneficios fueron suspendidos, 8.207 personas renunciaron voluntariamente para evitar acciones legales, y 6.643 bajas correspondieron a titulares fallecidos que seguían siendo cobrados por terceros.

Estas acciones representan un ahorro mensual significativo de más de 23 mil millones de pesos, calculado a partir de los $289.000 que cada beneficiario percibía. Las autoridades de la ANDIS estiman que, al finalizar la auditoría, la cifra de bajas podría superar los 250.000 beneficios. La entidad busca garantizar que los recursos se dirijan exclusivamente a quienes realmente necesitan asistencia, combatiendo lo que consideran un uso político y fraudulento de estas pensiones en gestiones anteriores, especialmente entre 2003 y 2023.

La auditoría, amparada en el Decreto 842/2024, establece un nuevo marco normativo que incluye la creación de un Cuerpo Médico Evaluador, la obligatoriedad de actualización de datos, el endurecimiento de condiciones de incompatibilidad y mayores facultades para la ANDIS. Se han detectado casos escandalosos, como "amputaciones" inexistentes, el uso de una misma radiografía en múltiples trámites, presos y prófugos de la justicia cobrando beneficios, y diagnósticos falsos. La auditoría continuará, con el objetivo de asegurar la transparencia y equidad en la distribución de estas prestaciones sociales.