En las últimas semanas, desde varios sectores sindicales se manifestaron en forma negativa por la actualización salarial con la que avanza el Gobierno provincial, principalmente el sector docente. 

Conocidos los aumentos que dará en marzo el Gobierno, desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Corrientes (Suteco) plantearon que cualquier actualización salarial debe ser retroactiva a diciembre de 2022 y que las actualizaciones deben estar vinculadas a una cláusula gatillo. 

En diálogo con la prensa, el secretario general Fernando Ramírez dijo: "El aumento es del 24 % en bolsillo, es insuficiente es muy largo el tramo de octubre (2022, último aumento) a julio. Es por eso, que solicitamos que sea retroactivo a diciembre 2022".>"Hay un descontento general de todos los sectores gremiales. Por eso activamos el paro y las manifestaciones", expuso. 

Las manifestaciones docentes se concretaron fuera de las escuelas, en calles y plazas, encabezadas por Suteco y Sadop (docentes privados), y a los que más tarde se unió Acdp junto a demás sindicatos cegetistas, y se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.

"Nuestra disconformidad con la política salarial de miseria a las que nos viene sometiendo el Poder Ejecutivo, que utiliza todo tipo de artilugios para generar un achatamiento del haber mensual sin respetar las jerarquías, escalafón, antigüedad y otros consideraciones reglamentarias", señalaron en un comunicado.

Desde la Confederación General del Trabajo de Corrientes, en tanto, hicieron particular hincapié en que esta no es una demanda solamente de los trabajadores docentes sino que es un reclamo del conjunto de trabajadores estatales provinciales en general, quienes comparten esta dura realidad de ensanchar la lista de "trabajadores pobres", este fenómeno que lamentablemente se profundiza en la provincia y el país.

También el personal retirado de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, nucleados en la Asociación Gremial de Policía de Corrientes (Agrepol), presentaron notas de demandas de mejoras salariales al Ejecutivo provincial.

Desde Agrepol denunciaron: "El Gobierno provincial armó una estructura de Adicionales Remunerativos no Bonificables, con lo que generó el achatamiento del salario, en forma inconcebible. Lo que sigue siendo una confiscación de los beneficios que nos merecemos conforme a la ley citada (2 % de Antigüedad y Bonificación por Título); además hubo infinidad de fallos del Superior Tribunal de Justicia, que así lo sostienen".

Mientras, el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) aplica retenciones salariales sin aviso previo y en contra de las normativas bancarias.

Afirman que desde noviembre de 2022 todos los trabajadores estatales provinciales adjudicatarios de una vivienda del Invico, tienen débito automático en sus cuentas sueldo de cuotas del inmueble. El Gobierno provincial aplica la retención por medio del Decreto 2210. Si tienen embargos judiciales, de igual manera se aplica el descuento. La retención podría avanzar también sobre agentes del Poder Judicial, Poder Legislativo y municipales.