Sajjad Samiel Naserani, de 27 años, y Mashoreh Sabzali, de 30, ingresaron el 12 de marzo al país procedentes desde España en un vuelo de Air Europa, con identidades falsas.

El hombre realizó el trámite de migraciones con un pasaporte israelí y bajo la identidad de Netanel Toledano y la mujer, como Rivka Toledano.

Las alertas saltaron cuando un oficial de migraciones apostado en el aeropuerto internacional de Ezeiza detectó en la base de datos presentada por Israel que ambos pasaportes figuraban como robados o perdidos. Acto seguido, el funcionario activó la alerta de restricción, pero ambos pudieron ingresar libremente.

Ese mismo día la dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, y conduce Héctor “Toto” García, envió un requerimiento a la División Interpol de Jerusalén para ponerlos al tanto de la situación y saber si los dueños de la documentación tenían sus nuevos pasaportes.

En pocas horas, el organismo israelí informó que los números de los dos pasaportes figuraban como robados en el Ministerio del Interior de ese país y que en realidad habían sido emitidos a nombre de David Assouline y Brigitte Assouline, quienes se encontraban por esas horas en su país.

La dirección de Migraciones reenvió entonces huellas dactilares y fotografías de los dos sospechosos, que no coincidían con la de los propietarios reales de los pasaportes, según informó la división israelí de Interpol.

El mismo organismo comunicó que tampoco aparecían en su base de datos los nombres de los individuos y que la documentación presentaba múltiples indicios de que fuera falsa; como por ejemplo, errores ortográficos en hebreo.

El 14 de marzo, con la información recavada y tras el sorteo, la causa recayó en el juez Luis Rodríguez, a cargo del juzgado criminal federal número 9. Rodríguez dispuso inmediatamente la intervención de la División de Lucha contra el Terrorismo de la Agencia Federal de Inteligencia, que se puso al frente de la investigación junto a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal.

A partir de entonces se instruyó a la división de individualización criminal de la Policía Federal y a la división de dactiloscopia de la misma fuerza para que rastrearan fotos y huellas mediante a los dos individuos. Además, se solicitó asistencia a las unidad de reconocimiento facial y dactilar de Interpol; pero la respuesta fue negativa.

Por otra parte, se le requirió específicamente a Interpol España si se habían detectado alerta sobre estos pasaportes e información para saber cuándo habían comprado los pasajes con los que llegaron a la Argentina.

El 15 de marzo la oficina española contestó que que los presuntos ciudadanos israelíes habían utilizado para embarcarse pasaportes distintos a los que usaron en su llegada a Ezeiza. Desde Interpol Jerusalén confirmaron que los pasaportes utilizados en España eran totalmente falsos y que los números pertenecían a dos ciudadanos franco-israelíes.

Con esa confirmación, el juez Rodríguez dispuso su inmediata ubicación y detención. Fueron ubicados en un hotel en el barrio del Abasto y fueron detenidos por la Policía. Naserani se identificó como fotógrafo y Sabzali como arquitecta e ingeniera.

Rodríguez envió una nota a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich poniéndola al tanto de las fallas en el control migratorio, que subrayó y consideró un agravante para elevar el grado de alerta.

En ese marco y atendiendo la proximidad con el 27 aniversario del atentado contra la embajada de Israel, reclamó al Ejecutivo que tomara las precauciones necesarias. “Ello indudablemente eleva el grado de alerta, y así entiendo imprescindible extremar todas las medidas de seguridad y prevención, con la puesta a disposición de todos los elementos técnicos y humanos", planteó el magistrado.

Con el mismo espíritu pidió que se informara a los jefes de la Policía Federal, de la Bonaerense, de Prefectura, Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Rodríguez indicó que aún no se ha logrado determinar las actividades e intenciones futuras de los dos iraníes dentro del territorio nacional. No obstante advierte que podría "resultar un riesgo para la seguridad de la población" argentina, sobre todo a partir de la falencia registrada en el control migratorio de ingreso.