Esta vez a través de una carta abierta a las fuerzas de seguridad, tras la oficialización de las nuevas disposiciones vinculadas al uso de armas de fuego, en la que pide una discusión en el Parlamento.

“No es mi intención desproteger al agente de seguridad o policial en el cumplimiento de sus funciones; sino, por el contrario, proporcionarles las normas claras y adecuadas para ampararlo ante las posteriores consecuencias que su accionar; ejecutado honradamente, en cumplimiento de su deber y por el bien de la seguridad de sus compatriotas. Mi intención es darle un marco legal que proteja en forma firme y clara, y con la suficiente entidad jurídica, su accionar”, explicó a través de las redes sociales en una carta abierta.

El martes, la diputada había arremetido con dureza contra la ministra Patricia Bullrich por la nueva disposición, que le permite a los policías, entre otras modificaciones, disparar sin dar la voz en alto. “A la ministro se le va la mano”, escribió en su cuenta de Twitter, y aseguró que la normativa “viola los derechos humanos fundamentales” y se acerca al “fascismo”.

“El marco legal debe ser una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones. Un marco legal que puede ser incorporado a esa ley básica para la Justicia que es el Código Penal o que constituya una ley específica, pero que proteja adecuadamente al agente de seguridad o policial que deba hacer uso de su arma”, abundó la líder de la Coalición Cívica.

“El derecho a la vida del ciudadano está debidamente asegurado en la Constitución Nacional, como así también la no aplicación de la pena de muerte. Las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial deba ocasionar la muerte de un delincuente, o al menos emplear un arma letal que pudiera ocasionarla, debe tener un firme marco legal que evite la confusa interpretación de la norma”, agregó la diputada.

Este martes, y después de semanas de silencio mediático, “Lilita” había mostrado toda su ira por la disposición del Ministerio de Seguridad, en un nuevo capítulo en los chispazos en la relación con la Casa Rosada, resentida desde el pedido de juicio político contra el ministro Germán Garavano.

El vínculo había empezado a crujir desde principios de septiembre, tras el fin de semana en la quinta de Olivos en el que Mauricio Macri y su entorno más íntimo definió un ajuste en el gabinete, que terminó con la salida de Mario Quintana del elenco oficial. Quintana era uno de los funcionarios más cercano a la diputada.

Desde el proyecto de juicio político contra Garavano, la dirigente cortó la comunicación con Macri. Y se recluyó en su chacra bonaerense de Exaltación de la Cruz. Avisó que no volvería a hablar hasta el final de la cumbre del G20 del pasado fin de semana. Y cumplió.

Sus durísimas críticas al protocolo de actuación policial no cayeron bien entre el entorno presidencial. Según confiaron fuentes oficiales y del círculo íntimo de la diputada, el encargado de hablar con ella en estas últimas horas fue Peña. Lo mismo habría intentado José Torello, jefe de Gabinete de Asesores del Presidente. Fabián Rodríguez Simón, colaborador jurídico del jefe de Estado, llegó de los Estados Unidos con los cortocircuitos ya empezados.

Desde el Gobierno aseguraron ayer por la tarde que la intención de la ministra Bullrich había sido consensuar la nueva disposición, algo que al final no ocurrió. Por eso, en parte, la furia de “Lilita”.

El cruce entre la diputada y el Gobierno sobrevoló, en charlas dispersas, el final del festejo de cumpleaños de Jaime Durán Barba que tuvo lugar en el mediodía de este miércoles en la quinta de Olivos, y que reunió a la plana mayor del PRO.

“No estoy en contra del empleo por parte de un agente de seguridad o policial de su arma de fuego cuando las circunstancias lo justifiquen. El agente de seguridad o policial que haya recibido del estado un arma de fuego tiene el deber de emplearla para proteger a sus conciudadanos y para protegerse a sí mismo de la acción de un criminal que ponga la vida de otro, o su propia vida, en riesgo.Pero esta normativa debe estar en el marco legal del nivel que corresponde, no puede ser introducida por medio de una Resolución Ministerial cuyo alcance es ciertamente reducido y no contempla todas las posibilidades en que puede darse esta situación de empleo de la fuerza”, resaltó la líder de la CC en la carta difundida a través de sus redes sociales, en la que pidió un tratamiento legislativo.

Paradójicamente, antes de la oficialización del nuevo reglamento policial, Carrió había avisado que se ausentaría de las sesiones extraordinarias en Diputadosen las que la Casa Rosada pretendía aprobar, entre otros proyectos, las modificaciones al financiamiento de los partidos políticos y la ley vinculada a la violencia en el fútbol.

Ninguno de los dos temas fue incluido en el temario de la sesión especial convocada para este jueves.

En el caso del financiamiento de las campañas políticas, que entre otras modificaciones introduce la vuelta de los aportes empresarios, es un hecho que la iniciativa está caída. El Gobierno había tratado de negociar contrarreloj para obtener una media sanción antes de fin de año, a las apuradas.

Pero la dispersión en la oposición y, especialmente, la negativa de “Lilita” de aceptar la vuelta de las donaciones de empresas, sumada a las dudas de la UCR, hicieron fracasar el intento. “No me importa lo que opine el Presidente”, escribió ayer la diputada en sus redes sociales.